, de 41 años, dirige desde 1938 el NKVD, la policía política soviética. Georgiano como Stalin y organizador metódico del terror, ha heredado un problema nacido del reparto de Polonia con Alemania: decenas de miles de prisioneros polacos se hacinan en los campos del NKVD.
Desde la invasión soviética de septiembre de 1939, los campos de Kozielsk, Starobielsk y Ostáshkov retienen a oficiales en activo y de reserva, policías, guardias fronterizos, jueces, médicos, profesores y sacerdotes — la columna vertebral de las élites polacas. Unos 22 000 hombres en total. Excluidos de los intercambios de prisioneros, la mayoría se niega a renegar de Polonia y siguen siendo, a ojos de Moscú, «contrarrevolucionarios» irreductibles.
Estos hombres representan un coste, un riesgo de sublevación y el núcleo de un futuro ejército polaco hostil. En el marco de la doctrina estalinista, que trata la pertenencia de clase y nacional como una amenaza que hay que eliminar, su suerte depende de una nota que Beria debe redactar para el Politburó.
Sobre su escritorio, en la Lubianka, el proyecto espera su firma antes de subir a Stalin.
Beria redacta y firma la nota que propone el fusilamiento. Su nota al Politburó califica a los prisioneros de «enemigos encarnizados del poder soviético» y propone juzgarlos «según el procedimiento especial», es decir, fusilarlos. El 5 de marzo de 1940, Stalin, Mólotov, Voroshílov, Mikoyán, Kaganóvich y Kalinin firman la orden. De abril a mayo de 1940, el NKVD ejecuta a unos 21 857 polacos —entre ellos los cerca de 4 400 de Katyn, cerca de Smolensk—, abatidos de un tiro en la nuca y enterrados en fosas comunes. La URSS negará el crimen durante medio siglo y lo atribuirá a los alemanes tras el descubrimiento de las fosas en 1943. Moscú no reconocerá oficialmente la responsabilidad del NKVD hasta 1990, y los documentos firmados no se publicarán hasta 1992.
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