Las leyes de neutralidad estadounidenses, aprobadas en la década de 1930, prohíben la venta de armas a cualquier beligerante. Para el presidente Roosevelt, es un obstáculo: en caso de guerra europea, ese embargo golpearía sobre todo a las democracias —Francia y el Reino Unido—, que, dueñas de los mares, podrían de lo contrario comprar material estadounidense y transportarlo ellas mismas.
Roosevelt quiere, pues, hacer revisar la ley para autorizar la venta de armas según la fórmula «cash and carry»: pagar al contado y llevárselo uno mismo. Pero el Congreso está dominado por una poderosa corriente aislacionista, decidida a mantener a Estados Unidos al margen de las disputas europeas.
En el verano de 1939, el presidente debe elegir su táctica. ¿Presionar con todas sus fuerzas para obtener la revisión antes de las vacaciones parlamentarias, a riesgo de un fracaso público y humillante? ¿Contemporizar y esperar una sesión posterior más favorable? ¿O renunciar para no contrariar a la opinión aislacionista y preservar su propio capital político? Lo que está en juego va más allá del procedimiento: se trata de saber si las democracias podrán contar con el arsenal estadounidense.
Roosevelt presiona por una revisión inmediata, pero fracasa: en julio de 1939, reúne a varios senadores en la Casa Blanca para convencerlos, en vano. El senador aislacionista Borah afirma que no habrá guerra, y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado se niega a levantar el embargo antes del receso. El presidente tiene que ceder. Solo después de la invasión de Polonia, en una sesión extraordinaria en noviembre de 1939, aceptará por fin el Congreso el «cash and carry», que abre a los Aliados el acceso a las armas estadounidenses. El revés de julio ilustra la fuerza del aislacionismo en vísperas de la guerra. Roosevelt aprenderá la lección y preparará con más método a la opinión para un mayor apoyo a las democracias.
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