Otoño de 1939. La guerra en China se eterniza, Europa acaba de incendiarse y los precios se disparan en Tokio. El gasto militar infla la masa monetaria mientras las importaciones de materias primas escasean. Cada mes, el yen compra un poco menos.
El gabinete de , formado a finales de agosto, dispone de la ley de movilización general (1938), que lo autoriza a fijar precios, salarios y alquileres por decreto imperial. Pero ¿cómo actuar? ¿Congelar todo el sistema de precios de una sola vez, o construir pacientemente una tabla de precios oficiales sector por sector?
Cada opción tiene su coste: la brutalidad de un bloqueo general amenaza con estrangular a los productores y al mercado; la lentitud de una regulación selectiva deja correr la inflación durante meses.
El gabinete Abe elige la congelación general. El decreto imperial n.º 703, «ordenanza de control de precios» (Kakaku-tō Tōsei-rei), promulgado el 18 de octubre de 1939 y aplicado el 20 de octubre en virtud del artículo 19 de la ley de movilización general, congela el conjunto de precios, salarios, alquileres, gastos de transporte, almacenamiento y seguros en su nivel del 18 de septiembre de 1939 — de ahí su apodo de «decreto de parada del 9-18» (9.18 stop order). Se prohíbe toda subida por encima de ese límite. La medida no frena la inflación de forma duradera: alimenta un vasto mercado negro y agrava la escasez, hasta su sustitución por la ordenanza de control de precios de 1946.
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