El 15 de marzo de 1939, las tropas alemanas entran en Praga y Checoslovaquia se convierte en el Protectorado de Bohemia y Moravia. El 21 de junio de 1939, el Reichsprotektor firma la ordenanza sobre los bienes judíos: aplicación de los criterios raciales de Núremberg, declaración obligatoria de los bienes antes del 31 de julio, prohibición a los judíos de disponer libremente de su patrimonio y administración forzosa de las empresas. El expolio adopta a partir de ahora una forma legal.
En una notaría del centro de Praga se presenta un caso que se ha vuelto banal: una propietaria judía debe ceder su inmueble a un comprador alemán por una fracción de su valor. El notario sabe que la clienta actúa bajo coacción y que el acta encubre un robo organizado por el ocupante.
Pero tiene una familia, socios, un despacho que proteger. Negarse es exponerse a las represalias alemanas. Autorizar el acta es convertirse en un engranaje de la arianización. Su imparcialidad profesional queda puesta a prueba por la ocupación.
En su inmensa mayoría, los notarios y juristas checos autorizaron las transmisiones forzosas de bienes judíos. El aparato legal establecido por en junio de 1939 —declaración de los bienes, administradores alemanes impuestos a las empresas, ventas obligatorias a compradores arios, financiadas en particular por el banco de compensación checo-alemán— se apoyaba en las profesiones jurídicas locales para dar una apariencia de regularidad al expolio. Los vendedores judíos solo percibían una fracción del valor, a menudo bloqueada en cuentas controladas. De las aproximadamente 118 000 personas consideradas judías en el Protectorado, cerca de 80 000 fueron asesinadas, muchas tras pasar por Theresienstadt antes de Auschwitz. Hubo algunas negativas individuales y gestos de solidaridad, pero la conformidad administrativa fue la regla: el episodio ilustra cómo los engranajes ordinarios del derecho hicieron posible el saqueo de toda una comunidad.
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