gobierna un país traumatizado: 10 semanas después de , el miedo a la invasión obsesiona a la costa oeste. El general , al mando de la Defensa Occidental, insiste en que toda persona de ascendencia japonesa representa un riesgo de sabotaje o de espionaje, y reclama una evacuación masiva. Gobernadores, parlamentarios y una prensa desatada amplifican la presión. Unas 120 000 personas de origen japonés viven en esas costas —dos tercios son ciudadanos estadounidenses nacidos en suelo nacional, los —, pero la distinción entre ciudadanos y extranjeros se desvanece en la exigencia política.
Entre bastidores, el cuadro es más matizado. estima que su FBI ya ha neutralizado a los individuos realmente peligrosos; varios asesores jurídicos plantean dudas sobre la constitucionalidad de un desplazamiento masivo basado en la ascendencia. El secretario de Guerra duda, y señala que la medida sería «odiosa para los principios» del país.
Roosevelt debe arbitrar entre imperativos contradictorios: firmar la , que abriría la exclusión y el internamiento forzoso de decenas de miles de civiles, ciudadanos o no, sin acusación ni juicio; rechazar el decreto y atenerse a detenciones selectivas de los únicos sospechosos probados; o limitarse a un toque de queda estricto y a un registro obligatorio de los súbditos enemigos. 3 lógicas se enfrentan: el miedo colectivo, el derecho constitucional y la presión política.
Roosevelt firma la el 19 de febrero de 1942. En pocos meses, unas 120 000 personas de ascendencia japonesa —dos tercios de ellas ciudadanos estadounidenses— son obligadas a abandonar sus hogares e internadas en campos gestionados por la hasta 1945. El Tribunal Supremo valida la medida en 1944 ( v. United States), una sentencia reconocida más tarde como errónea. En 1988, la ofrece las disculpas oficiales del gobierno estadounidense y una indemnización de 20 000 dólares a cada superviviente.
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