Con la capitulación del ejército y la marcha del gobierno a Francia y después a Londres, Bélgica se queda sin poder ejecutivo en el país. Quedan los secretarios generales, altos funcionarios que dirigen la administración de cada ministerio. El ocupante alemán, que instala una administración militar a las órdenes del general , tiene todo el interés en apoyarse en ellos para hacer funcionar el país.
Una ley del 10 de mayo de 1940 había previsto precisamente este caso: en ausencia del gobierno, los secretarios generales pueden ejercer los poderes necesarios para la continuidad del Estado. Pero la cuestión sigue siendo grave: seguir administrando es servir a la población, pero también entrar en una cooperación con el ocupante que podrá deslizarse hacia la aplicación de medidas injustas.
Los secretarios generales deben decidir. Seguir en su puesto para mantener los servicios públicos, el abastecimiento y el orden, con el riesgo de tener que ejecutar órdenes alemanas. Dimitir por rechazo a toda cooperación, dejando la administración en manos del ocupante o de colaboracionistas. O quedarse fijando límites explícitos a lo que aceptarán aplicar. Lo que se juega es la doctrina del «mal menor».
Los secretarios generales eligen mayoritariamente seguir en su puesto para asegurar la continuidad de la administración, invocando la continuidad del Estado y la protección de la población: la doctrina del «mal menor». Esta presencia permite preservar servicios esenciales, pero los expone a tener que aplicar decisiones del ocupante, y la frontera entre administración y colaboración se volverá cada vez más difusa a medida que se endurezcan las exigencias alemanas (trabajo obligatorio, medidas antijudías). El «Comité de los secretarios generales» se convertirá en una institución central y controvertida de la ocupación, cuyo balance se debatirá con dureza tras la Liberación.
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