El 10 de julio de 1940, reunidos en Vichy, los diputados y senadores de la III República deben pronunciarse sobre un proyecto que confía al mariscal plenos poderes constituyentes, es decir, el derecho a reescribir la Constitución. En el desconcierto de la derrota, muchos ven en , el «vencedor de Verdún», un recurso y un salvador.
Lo que está en juego es el destino mismo de la República. Votar los plenos poderes es hundir el régimen parlamentario y poner el Estado en manos de un hombre y de su entorno, con la esperanza del orden y la recuperación. Negarse es defender la legalidad republicana, pero a contracorriente de una opinión aturdida y de un clima de pánico, y sin una verdadera alternativa organizada.
Cada parlamentario puede votar a favor de los plenos poderes, por confianza en o por resignación. Votar en contra para defender la República, a riesgo del aislamiento. O abstenerse o ausentarse. La presión, la confusión y la ausencia de los parlamentarios que partieron en el Massilia pesan sobre la votación. Es el acta de nacimiento jurídica del régimen de Vichy.
La Asamblea vota masivamente a favor de los plenos poderes para : el 10 de julio de 1940, por 569 votos contra 80 (y unas 20 abstenciones), los parlamentarios conceden plenos poderes constituyentes a y ponen fin a la III República. Al día siguiente, se otorga los plenos poderes e instaura el «Estado francés». Los 80 que votaron no —que han pasado a la historia como «los 80»— se convertirán en un símbolo de resistencia republicana. Esta votación, obtenida en el estupor de la derrota, abre el camino al régimen autoritario de Vichy, a la «Revolución Nacional» y a la colaboración. Plantea, todavía hoy, la cuestión de la responsabilidad de un Parlamento que abdicó en manos de un hombre.
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