La capitulación decidida por el 28 de mayo de 1940, sin el acuerdo de sus ministros, abre una crisis inmediata entre el rey y su Gobierno, dirigido por y refugiado en el extranjero. El rey ha optado por quedarse prisionero en el país; el Gobierno, en cambio, quiere proseguir la guerra junto a los Aliados.
El Gobierno en el exilio afronta una elección fundacional: desautorizar públicamente al rey, denunciar su capitulación como una falta y afirmar que solo él encarna en adelante la legitimidad belga en la guerra; sumarse al rey y a su decisión, en nombre de la unidad nacional; o contemporizar evitando la ruptura abierta, con la esperanza de una aclaración posterior.
Lo que está en juego es la legitimidad misma del Estado belga: ¿quién habla en nombre de Bélgica, el rey prisionero o el Gobierno libre? La respuesta determinará el lugar de Bélgica en el campo aliado y abrirá una fractura nacional duradera, la «Cuestión Real», que irá mucho más allá de la guerra.
El Gobierno de Pierlot desautoriza públicamente al rey y su capitulación: ya el 28 de mayo de 1940, desde Francia, desautoriza públicamente la capitulación del rey y afirma su voluntad de proseguir la guerra; Pierlot y sus ministros llegan después a Londres, donde encarnan la Bélgica libre junto a los Aliados. Esta ruptura entre el rey prisionero y el Gobierno legítimo abre la «Cuestión Real», que envenenará la vida política belga durante más de una década, hasta un referéndum (1950) y la abdicación de en favor de su hijo (1951). La elección de 1940, al distinguir con claridad la Bélgica combatiente del soberano cautivo, preserva la legitimidad internacional del Estado, pero divide al país de forma duradera.
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