La industria belga, una de las más densas de Europa, queda bajo el dominio del ocupante. A su cabeza, figuras como , gobernador de la Société Générale de Belgique —el grupo financiero más poderoso del país—, deben decidir qué conducta seguir ante los pedidos alemanes.
El dilema es agudo. Negarse a producir es hundir a cientos de miles de obreros en el paro y la miseria, y arriesgarse a su deportación al trabajo forzoso en Alemania. Producir para Alemania es mantener en marcha la economía y preservar el empleo, pero también alimentar la máquina de guerra enemiga.
Galopin y los grandes empresarios buscan una línea: producir bienes civiles —no armamento— para mantener el empleo y evitar la deportación, negándose a la producción directamente militar; negarse a todo, en nombre del patriotismo, aun a costa de sacrificar el empleo; o producir sin límites, incluido material de guerra, para preservar beneficios y posiciones. La elección compromete la suerte de la economía y de los obreros del país.
Galopin formula la doctrina que llevará su nombre (doctrina Galopin) y opta por producir bienes civiles (no armamento) para preservar el empleo: la industria belga acepta producir bienes civiles para evitar el paro masivo y la deportación de los trabajadores, negándose en principio a fabricar armas. Este compromiso pragmático del «mal menor» preserva el empleo, pero también beneficia a la economía de guerra alemana, y su frontera seguirá siendo porosa. La doctrina será objeto de vivo debate en la posguerra; el propio Galopin será asesinado en febrero de 1944 por milicianos flamencos de la que actuaban por orden de las SS, señal de la posición insostenible que ocupaban las élites económicas entre el ocupante y la población.
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