Desde el estallido de la invasión, Bélgica teme el sabotaje y el espionaje interiores. El auditor general , encargado de la seguridad del Estado, debe decidir la suerte de las personas consideradas peligrosas: militantes de extrema derecha favorables al Reich, extranjeros «enemigos», sospechosos diversos.
La lógica de la seguridad es poderosa: en plena ofensiva, dejar en libertad a posibles simpatizantes del enemigo parece irresponsable. Pero el procedimiento de urgencia —detenciones administrativas masivas, sin juicio— se presta a graves derivas, sobre todo en medio de una debacle y de una psicosis de la quinta columna.
Ganshof puede ordenar el internamiento amplio de los sospechosos y después su traslado a la retaguardia (Francia) a medida que retrocede el frente, para sustraerlos al enemigo. Puede, por el contrario, seleccionar con cuidado, caso por caso, con el riesgo de dejar pasar a verdaderos agentes. O abstenerse de trasladarlos, para mantener a los detenidos bajo control belga. Ahora bien, el alejamiento de estos internados, confiados en el camino a militares franceses presas del pánico, entraña un peligro mortal.
Ganshof interna ampliamente a los sospechosos y los traslada a la retaguardia, a Francia: entre el 10 y el 15 de mayo de 1940, cientos de «sospechosos» (entre ellos Van Severen y Degrelle) son internados —en particular en la prisión del Pandreitje, en Brujas— y después deportados a Francia. La medida, justificada por la urgencia de la seguridad, escapa luego a todo control: confiados a escoltas francesas presas de la psicosis de la quinta columna, una parte de estos internados será fusilada sumariamente en Abbeville el 20 de mayo. El episodio ilustra cómo una decisión administrativa de seguridad, tomada en pleno pánico, puede desembocar en un crimen, y la dificultad de conciliar la seguridad del Estado y los derechos de las personas en tiempos de debacle.
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