En mayo de 1940, la Wehrmacht atraviesa Bélgica a gran velocidad. Detrás de la línea del frente, su retaguardia se estira y sigue mal controlada: carreteras atascadas de refugiados, soldados aislados, unidades desbandadas, supuestos francotiradores. El mando local teme por encima de todo el disparo de un civil contra sus tropas, una obsesión heredada de 1914, cuando la psicosis del francotirador ya había marcado al ejército alemán en Bélgica.
2 lógicas se enfrentan. La de la seguridad de la retaguardia, que querría intimidar preventivamente a la población para proteger columnas y depósitos. La del derecho de la guerra, codificado en La Haya, que protege a los no combatientes y prohíbe castigar a una colectividad por el acto de un individuo. Entre estos extremos se extiende toda una gradación de medidas, desde simples restricciones impuestas a los habitantes hasta las presiones más duras. Ahora bien, el mando local, poco vigilado desde arriba, dispone de un margen de maniobra considerable.
Cada vía tiene graves consecuencias: la supuesta eficacia del terror frente a la legalidad y el honor militar, el riesgo de golpear a inocentes frente al de dejar vulnerable la retaguardia. El mando debe fijar cómo controlará el país que atraviesa.
En numerosos casos, el mando recurre a la toma de rehenes y a la amenaza de represalias colectivas: la Wehrmacht toma rehenes civiles en mayo de 1940, los usa a veces como escudos humanos y ejerce represalias ante la sospecha de disparos civiles. Allí donde la psicosis del francotirador culmina, esto desemboca en masacres (Vinkt, 86 muertos o más). La práctica, heredada de las atrocidades de 1914 (Dinant, Lovaina), desmiente el mito de una «Wehrmacht limpia». No todas las unidades llegan al mismo grado, y la amenaza no se traduce en todas partes en ejecuciones; pero la toma de rehenes como instrumento de terror forma parte de los métodos alemanes desde la invasión, y se sistematizará bajo la ocupación (política de rehenes contra la Resistencia).
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