El sacerdote T., párroco de una parroquia de las afueras de Cracovia, tiene 45 años y ha sobrevivido a 2 años de ocupación. Ha aprendido a no mirar lo que más vale no haber visto. Pero sabe desde hace varias semanas que una familia judía —el padre, la madre y sus 2 hijos— se esconde en el sótano de una casa a 200 metros de su casa parroquial.
Desde el decreto del 15 de octubre de 1941, el Gobierno General castiga con la muerte a quien albergue a sabiendas a un judío salido del barrio que se le ha asignado, y quienes lo ayuden se exponen a la misma pena. La Gestapo multiplica los registros en el barrio, y se han reclutado informantes. Esta mañana llega a la casa parroquial una citación para una entrevista rutinaria con el comisario del barrio. El sacerdote ignora si la Gestapo tiene una pista precisa o si se trata de una comprobación aleatoria.
Puede guardar silencio durante la entrevista y negar cualquier conocimiento de irregularidades en su vecindario; avisar discretamente a la familia antes de acudir a la citación, para darle tiempo a trasladarse; o revelar a la Gestapo lo que sabe, para evitar las consecuencias sobre su parroquia y sobre su propia familia.
La mayoría de los polacos que saben de judíos escondidos en su vecindario eligen el silencio, en un contexto de pena capital colectiva único en la Europa ocupada. Se calcula que unos 450 000 judíos polacos se benefician en algún momento de una ayuda o de un escondite, lo que implica a entre 1 y 3 millones de polacos. La Iglesia católica no da ninguna directiva oficial centralizada. Hay sacerdotes que proporcionan falsos certificados de bautismo, otros que saben sin actuar, algunos que denuncian. Yad Vashem reconoce a más de 6 700 polacos como Justos entre las Naciones, el mayor número por país, signo a la vez de la ayuda prestada y de la magnitud de las necesidades. La pregunta de este párroco de Cracovia es la de cientos de miles de vecinos en la Polonia ocupada.
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