Un canadiense de origen japonés vive en la costa de , donde su familia pesca salmón desde hace una generación. Muchos de los suyos han nacido en Canadá y nunca han conocido Japón; aun así, son señalados como sospechosos desde la entrada en guerra de Canadá contra Tokio, en diciembre de 1941, cuando las autoridades incautaron cerca de 1 200 barcos de pesca pertenecientes a japoneses.
El miedo y la hostilidad crecen en la provincia. La prensa y los políticos locales reclaman el alejamiento de toda la comunidad, aunque la policía y el ejército consideran que no representa ninguna amenaza. El 26 de febrero de 1942, el gobierno de ordena la evacuación de todas las personas de ascendencia japonesa de una franja de 100 millas a lo largo de la costa. Las familias solo pueden llevarse un equipaje estricto; el resto —casas, comercios, barcos, coches— se confía a un administrador oficial.
Debe decidir qué hacer con su familia y con su vida. Puede obedecer y presentarse en el centro de concentración de , en , con la esperanza de evitar problemas; intentar quedarse en el lugar cediendo sus bienes y su barco para comprar un aplazamiento; o enviar a su mujer y a sus hijos al interior mientras busca trabajo, a riesgo de ver a la familia separada durante largos meses.
La orden no deja ningún margen: unos 22 000 canadienses de origen japonés —las tres cuartas partes, ciudadanos canadienses— son desplazados de la costa del Pacífico en 1942. Miles pasan por , en , hacinados en edificios de feria antes de ser enviados a campos del interior de , a granjas de remolacha de las Praderas o a campos de trabajo. Los hombres son a menudo separados de su familia. En 1943, el administrador de bienes revende casas, comercios y barcos sin el consentimiento de los propietarios, aniquilando el fruto de toda una vida. Las restricciones duran hasta 1949, 4 años después del final de la guerra. Nunca se formulará ninguna acusación de espionaje. El 22 de septiembre de 1988, el primer ministro presenta disculpas oficiales en nombre de Canadá y concede una reparación, reconociendo una violación grave de los derechos fundamentales de unos ciudadanos.
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